Inicio Corrupción ¡ENTÉRESE! Lo que estaría detrás del SUPUESTO ataque al servidor del SAREN

¡ENTÉRESE! Lo que estaría detrás del SUPUESTO ataque al servidor del SAREN

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El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) suspendió sospechosamente por un lapso de 24 horas los servicios prestados en sus oficinas en todo el territorio nacional, argumentando que un presunto ataque con bombas molotov y piedras a su sede en la urbanización La Castellana, municipio Chacao de Miranda, afectó la plataforma tecnológica empleada para la tramitación de documentos.

El director general, Nelson García, explicó el jueves que el supuesto ataque también afectó el sistema con el que se realiza el apostillado de La Haya en las 465 oficinas que tiene el organismo en todo el país. Además, la agresión habría afectado el archivo, las direcciones del Notariado y Sistema Registral, ubicadas en el piso 1 de la dependencia. Sin embargo, la periodista Maibort Petit publicó una denuncia que le llegó de fuentes no identificadas en los que se evidenciaba lo que realmente ocurrió en el sitio.

En la denuncia se asegura que el ataque habría sido ordenado por los funcionarios Daniel y Pamela Peña, quienes serían cercanos al vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, con el objetivo de forjar los libros de registros de propiedades en el país, y así no dejar evidencia de compra de propiedades a última hora con dinero ilegítimo.

“Señalan los denunciantes que un funcionario de nombre, Nelsón José García, antiguo director de Administración del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, es el responsable de ejecutar la orden de desaparecer la data digital de los registros y notarías claves del país. La idea es asentar en los libros de registros, de manera manual, los documentos de cientos de propiedades compradas recientemente para que aparezcan como si hubiesen sido adquiridos tiempo atrás y evitar dejar evidencias de las compras que se están haciendo en los últimos meses”, dijo.

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Asimismo, destaca que en las notarías y registros se ejecutó la medida para borrar todas las evidencias que arrojen dudas en el futuro sobre la compra de propiedades por parte de funcionarios del Gobierno o sus subalternos. “Las compras irregulares estarían relacionadas con el lavado de dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico”, acotó.

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Vía: El Cooperante


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